Hoy he leído una noticia de contenido realmente motivo, aparecida en El País del 8 de abril de 2017. Su título es "Un debate en la Universidad advierte de que la libertad de prensa está en peligro"; y lleva el siguiente subtítulo: "Caño, Gabilondo, Madrigal y Juliana reflexionan sobre las consecuencias de la posverdad".
Lo primero que hay que decir es que la "libertad de prensa", como tal, no aparece recogida en la Constitución. Podemos considerarla incluida en el derecho a la libre empresa, ya que "la prensa", como medio de comunicación, no deja de ser un negocio empresarial y, por lo tanto, amparado por esa libertad proclamada en el artículo 38 de la CE. Y, segundo, que quizá lo que quiso decir el autor del titular fue que lo que está en peligro son los derechos que establece el artículo 20, es decir, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y, finalmente, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. (El derecho a la libertad de cátedra, también referido en este artículo no parece, dentro del contexto de la noticia, que corra peligro alguno).
Visto así, que creo es como hay que verlo, lo que denuncian ese "debate en la Universidad" y esos cuatro representantes de la burguesía es que, en su opinión, los dueños de las empresas que poseen medios de comunicación (periódicos, radios, televisión), por decir lo que dicen, sufren ataques por parte de políticos populistas, que intentan erosionar su credibilidad para evitar su fiscalización. No se dice en la noticia ni qué son políticos populistas ni quiénes son esos políticos a los que se considera populistas y que atacan a los medios. Por su puesto, tampoco se dice qué poder pueden tener esos políticos para erosionar esa supuesta credibilidad ni se nos informa sobre los medios de que disponen esos políticos para lanzar esos ataques. Efectivamente, para poner en peligro esa "libertad de prensa" mediante ataques, estos tendrán lugar por algún medio ¿Cuál? ¿Cómo nos enteramos de la existencia de esos ataques? ¿Cómo nos enteramos de si son creíbles o no? Pues por los medios de comunicación. Por lo tanto, son ellos juez y parte. Ellos denuncian que son atacados y lo difunden ellos mismos en sus propios medios de comunicación. Ellos son los que juzgan si algo es un ataque o no y ellos deciden difundirlo o no. Todo muy ecuánime, pues el supuesto atacante, "el político populista desconocido", salvo que tenga un medio de comunicación propio no tendrá la menor posibilidad de oponerse con la misma fuerza al medio que lo ataca por haber él atacado previamente al medio. Todo lo más tendrá 10 o 15 segundos en algún medio "competidor" del que supuestamente es atacado.
Lo primero que hay que decir es que la "libertad de prensa", como tal, no aparece recogida en la Constitución. Podemos considerarla incluida en el derecho a la libre empresa, ya que "la prensa", como medio de comunicación, no deja de ser un negocio empresarial y, por lo tanto, amparado por esa libertad proclamada en el artículo 38 de la CE. Y, segundo, que quizá lo que quiso decir el autor del titular fue que lo que está en peligro son los derechos que establece el artículo 20, es decir, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y, finalmente, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. (El derecho a la libertad de cátedra, también referido en este artículo no parece, dentro del contexto de la noticia, que corra peligro alguno).
Visto así, que creo es como hay que verlo, lo que denuncian ese "debate en la Universidad" y esos cuatro representantes de la burguesía es que, en su opinión, los dueños de las empresas que poseen medios de comunicación (periódicos, radios, televisión), por decir lo que dicen, sufren ataques por parte de políticos populistas, que intentan erosionar su credibilidad para evitar su fiscalización. No se dice en la noticia ni qué son políticos populistas ni quiénes son esos políticos a los que se considera populistas y que atacan a los medios. Por su puesto, tampoco se dice qué poder pueden tener esos políticos para erosionar esa supuesta credibilidad ni se nos informa sobre los medios de que disponen esos políticos para lanzar esos ataques. Efectivamente, para poner en peligro esa "libertad de prensa" mediante ataques, estos tendrán lugar por algún medio ¿Cuál? ¿Cómo nos enteramos de la existencia de esos ataques? ¿Cómo nos enteramos de si son creíbles o no? Pues por los medios de comunicación. Por lo tanto, son ellos juez y parte. Ellos denuncian que son atacados y lo difunden ellos mismos en sus propios medios de comunicación. Ellos son los que juzgan si algo es un ataque o no y ellos deciden difundirlo o no. Todo muy ecuánime, pues el supuesto atacante, "el político populista desconocido", salvo que tenga un medio de comunicación propio no tendrá la menor posibilidad de oponerse con la misma fuerza al medio que lo ataca por haber él atacado previamente al medio. Todo lo más tendrá 10 o 15 segundos en algún medio "competidor" del que supuestamente es atacado.
Pero no solo eso, la noticia considera que esos ataques se producen mediante la "posverdad" o dicho en sus propias palabras, mediante la mentira ("La mentira es mentira, aunque se llame posverdad"). Bueno, pues quitando, entonces, la tontería de decir posverdad en lugar de mentira, para Caño, Director de El País que hace tal aserto, que un político populista discrepe de, niegue o cuestione lo que aparezca en un medio sobre él o su partido y lo diga en voz alta en ese medio o en otro es intolerable, es posverdad, es mentira. Al parecer, esos medios de comunicación son seres seráficos sin intereses particulares, independientes de las presiones de sus patrocinadores y anunciantes que solo dicen siempre y en todo caso "la verdad". En consecuencia, todo lo que se opone a lo que ellos dicen es posverdad, es mentira. El cinismo de este Caño es mayúsculo. Él, en el periódico que dirige no puede ejercer la libertad de prensa por que la empresa no es suya. Y tampoco puede ejercer el derecho a difundir dentro de ella sus ideas, pensamientos, opiniones, etcétera, salvo que todo ello coincida con las ideas, pensamientos y opiniones de los dueños de El País, ya que, en otro caso, se iría directamente a la calle. Pero en este debate, al parecer, no se habló ni una palabra de la sorprendente coincidencia entre la línea editorial del medio (es decir, lo que interesa a sus dueños, además de ganar dinero) y todos los periodistas que trabaja en él. Un ejemplo de esto nos lo brindó Pepa Bueno en una memorable entrevista a Juan Luís Cebrián en la que no le hizo ni una sola pregunta sobre la noticias que se estaban difundiendo sobre sus actividades económicas al margen de las relativas a los medios de comunicación. ¿Era o es Pepa una mala periodista que no se enteraba de lo que estaba pasando con Juan Luís o simplemente renunció al ejercicio de todas sus libertades constitucionales para no perder el puesto de trabajo?
Por lo tanto, pese a las denuncias de Caño, la libertad para poner una empresa de comunicación no está en peligro por los ataques de los políticos populistas, es que no existe si no se tienen los medios económicos para ello. Y las libertades proclamadas en el artículo 20 de la CE, solo existen en abstracto, son meramente formales, pues no todos tienen las mismas posibilidades, por los límites económicos, de difusión de sus ideas, pensamientos, etc. Por que si lo que queremos es que a través de estas libertades haya un verdadero debate de ideas, por que todas tienen las mismas posibilidades de llegar a todo el mundo, resulta patente que en este sistema capitalista eso es totalmente imposible. Qué alguien vaya a un banco a pedir un préstamo para crear un periódico o un canal de televisión para la difusión del comunismo, para justificar la necesidad de una revolución y para fomentar la lucha de clases; y luego que se acerque a Iberdrola, Banco de Santander, OHL, etc, a pedir que se anuncien en sus páginas y paguen por ello. Sin embargo, a los capitalistas nada de esto les falta. Ellos sí disfrutan de las libertades constitucionales, nosotros, no. ¿Cuándo nos decidiremos a poner fin a esta situación?
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