Resulta lamentable oír, escuchar, leer, un día sí y otro también, en cualquier medio, ya sea periódico, radio o televisión, referencias constantes a la cuestión catalana, al referendum que quieren convocar los independentistas para «desconectar» de España. Unos, los del gobierno, venga a darle con la soberanía nacional, la legalidad, la constitución, etc; los otros, que si la historia, que si la voluntad política, que si la democracia, etc. Una monserga detrás de otra.
Ambas partes saben ya desde hace mucho el resultado final: no habrá referendum; y si se intenta hacer, el Estado usará todos los medios a su alcance para impedirlo y, obviamente, lo logrará. Los organizadores del evento carecen de fuerza que oponer.
Entonces ¿para qué todo esto? Para distraer. Mientras se llenan páginas y páginas de los periódicos y horas y horas de programación en radios y televisiones no se habla de la desastrosa situación económica de Cataluña, del lamentable estado de sus servicios públicos sanitarios, de la descomunal corrupción del régimen pujolista etc, etc. Y del lado del Estado, pues se habla mucho menos de la su, también, desastrosa situación económica, del deterioro de los servicios públicos, del paro, de la corrupción, de la precariedad laboral y de un largo etc.
Y a esto es a lo que juega la burguesía, el capital en este país. Pero, como decía antes, no va a pasar nada y los argumentos que repiten como loros unos y otros son totalmente inconsistentes.
El de la legalidad es particularmente insufrible. Cuando lo que se cuestiona mediante el intento de «desconexión» es precisamente la legalidad que lo impide, oponer esta como argumento es una cuestión puramente ideológica, enmascara el problema de fondo. La legalidad es consecuencia de la correlación de fuerzas, por lo tanto, es esta que la que no permite el referendum y no aquella. Resulta más que evidente que cuando se instauró la legalidad constitucional vigente hoy, esa correlación de fuerzas no era favorable a los independentistas, de ahí que en la Constitución no se recogiera, siquiera, la posibilidad de plantear tal situación ni ninguna otra vía que pudiera conducir pacíficamente a ella. Y esto, lo saben perfectamente unos y otros.
¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que hay que marear la perdiz. Hay que alimentar a las respectivas parroquias de «oveyes» de unos y otros. Con el cuento de la «legalidad» y de negarse a plantear la cuestión de fondo, los seguidores de ambos equipos están muy entretenidos analizando y escudriñando la constitución, el derecho comparado, el derecho internacional, para aportar argumentos jurídicos, cada uno en favor de su postura. Y, claro, como hablamos de derecho, esto resulta muy fácil: la interpretación de las normas suele dar para mucho según los intereses en presencia. Qué si Kosovo, qué si Canadá, qué si Escocia, como si todos ellos fueran casos homologables unos respecto de los otros y como si respondieran a situaciones análogas susceptibles de trasladarse al caso hispano-catalán. En el primero, fue la descomposición política y la falta de una autoridad lo que permitió la independencia. En Canadá, una correlación de fuerzas que permitió plasmar los anhelos de Quebec en normas legales; en Escocia, un acuerdo que las partes que lo suscribieron consideraron vinculante, en ausencia de normas legales que expresasen una imposición previa. Nada de todo esto pasa aquí.
Sostienen unos que se puede modificar la Constitución para dar cabida al referendum; sostienen otros que, con voluntad, puede interpretarse de manera que pueda celebrarse sin modificación constitucional alguna. Pero ¡qué mas da! Los que pueden hacer todo esto no quieren y no se los puede obligar; o mejor dicho, los que quieren no pueden obligarlos. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza para ello. Y esta es la cuestión de fondo que nadie quiere plantear: Cuando se quiere desbordar la legalidad vigente o se tiene la mayoría en los órganos capaces de poner en marcha el proceso para ello o se tiene la suficiente fuerza física para imponerlo. Si no se da ninguno de los dos casos, el intento está destinado al fracaso.
Obviamente, esto lo saben perfectamente Rajoy y los independentistas catalanes. Por tanto, mientras estos no tengan fuerza para imponerse, las cosas permanecerán como están y todo el ruido que montan solo vale para eso, para meter ruido. Por que lo que está claro es que ninguno de los independentistas se atreverá a iniciar un movimiento violento que tienen perdido de antemano y que lo único que les permitiría sería tener unos mártires a los que honrar de vez en cuando.
También resulta muy lamentable que esos que se dicen defensores de la clase trabajadora entren en estos juegos de pequeñoburgueses. Al parecer, no se preguntan qué pueden ganar los trabajadores con una nueva fragmentación.
Estos son los juegos de la burguesía. ¡Acabemos con ella!
Comentarios
Publicar un comentario