He tenido ocasión de leer el artículo de Ignacio Arias titulado «Manos Sucias: paga o sufre», publicado en El Comercio, el sábado, 23 de abril. Voy a hacer unos comentarios sobre la parte en la que creo percibir una crítica a la institución de la «acción popular». Dice el artículo 1.2 de la Constitución, algo que para mí es más un «desideratum» que una realidad, que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pues bien, en el ejercicio del primero, el pueblo no participa directamente, sino que las leyes las aprueban los que se dicen nuestros representantes, los cuales no están sujetos a mandato imperativo y si no nos gusta como desarrollan su labor no podemos sino esperar cuatro años para desalojarlos del parlamento (y, por cierto, resulta evidente que donde está el representante no está el representado). En cuanto al poder ejecutivo, resulta que a quien lo ejerce lo elige el legis